México: ¿Estado de derecho?
Por Andreu Jerez
- Lectura en 5 minutos - 1028 palabrasLa política de seguridad del ex presidente mexicano Felipe Calderón (del conservador Partido de Acción Nacional, PAN) ha llevado al país americano “a la crisis más profunda en materia de desapariciones forzadas que se haya producido en América Latina en las últimas décadas”. Ésta es la dura afirmación que vierte la organización Human Rights Watch (HRW) en su reciente informe “Los desaparecidos de México. El persistente costo de una crisis ignorada”, según el cual hay indicios que sustentan la sospecha de que miles de civiles fueron desaparecidos por soldados y policías mexicanos durante la Administración Calderón (2006-2012). El informe de la organización estadounidense parece confirmar lo que era un secreto a voces durante los últimos meses del sexenio anterior: que la guerra contra el narco impulsada por Calderón fue un estrepitoso fracaso no sólo porque no consiguió reducir la violencia del crimen organizado, sino también porque aumentó exponencialmente el número de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad. Tras la llegada a la presidencia el pasado diciembre de Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la cifra oficial de muertos en el marco de esa guerra fallida ya asciende a más de 70.000. Así lo confirmó recientemente el secretario de Gobernación (Ministerio de Interior), Miguel Ángel Osorio Chong. La cifra de personas desaparecidas entre 2006 y 2012 asciende además a 27.000. Criminalización de las víctimas Las acusaciones del informe de HRW, así como las cifras de muertos y desaparecidos, hacen inevitable la comparación entre México y las dictaduras militares del cono sur como la argentina o la chilena. Igualmente inevitable es la siguiente pregunta: ¿es México actualmente un verdadero Estado de derecho? “México es un Estado de leyes sin justicia, un país donde hay muchas leyes y en el que sí puedes tener acceso a la justicia, pero ese acceso no es igualitario”, afirma Daniel Zapico, coordinador de Amnistía Internacional México, que publicará un informe similar al de HRW en los próximos meses. La decisión de Calderón de sacar al Ejército a las calles tomada aumentó las denuncias de torturas y asesinatos sumarios cometidos por las fuerzas de seguridad. ¿Cuál fue la reacción del Gobierno de Calderón? “El discurso oficial afirmaba que todas las víctimas de la violencia estatal eran narcotraficantes o colaboradores del crimen organizado”, apunta el coordinador de Amnistía Internacional. Esa criminalización de las víctimas civiles de la violencia estatal no es nueva. Viene siendo denunciada desde hace tiempo por asociaciones civiles como el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad del poeta Javier Sicilia, así como por académicos como Günther Maihold, del prestigioso Colegio de México. Para Maihold, “el movimiento encabezado por Sicilia intenta dignificar a las víctimas consideradas en el discurso oficial como bajas colaterales, que las autoridades niegan al señalar que la guerra del narco solamente está implicando muertes entre los integrantes de los grupos criminales. Esta implícita criminalización de las víctimas civiles es la que ha impulsado a los familiares a movilizarse en contra de una comunicación oficial de la violencia que no respeta la integridad de las personas.” Seguir leyendo en esglobal.es. La política de seguridad del ex presidente mexicano Felipe Calderón (del conservador Partido de Acción Nacional, PAN) ha llevado al país americano “a la crisis más profunda en materia de desapariciones forzadas que se haya producido en América Latina en las últimas décadas”. Ésta es la dura afirmación que vierte la organización Human Rights Watch (HRW) en su reciente informe “Los desaparecidos de México. El persistente costo de una crisis ignorada”, según el cual hay indicios que sustentan la sospecha de que miles de civiles fueron desaparecidos por soldados y policías mexicanos durante la Administración Calderón (2006-2012).
El informe de la organización estadounidense parece confirmar lo que era un secreto a voces durante los últimos meses del sexenio anterior: que la guerra contra el narco impulsada por Calderón fue un estrepitoso fracaso no sólo porque no consiguió reducir la violencia del crimen organizado, sino también porque aumentó exponencialmente el número de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad.
Tras la llegada a la presidencia el pasado diciembre de Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la cifra oficial de muertos en el marco de esa guerra fallida ya asciende a más de 70.000. Así lo confirmó recientemente el secretario de Gobernación (Ministerio de Interior), Miguel Ángel Osorio Chong. La cifra de personas desaparecidas entre 2006 y 2012 asciende además a 27.000.
Criminalización de las víctimas
Las acusaciones del informe de HRW, así como las cifras de muertos y desaparecidos, hacen inevitable la comparación entre México y las dictaduras militares del cono sur como la argentina o la chilena. Igualmente inevitable es la siguiente pregunta: ¿es México actualmente un verdadero Estado de derecho? “México es un Estado de leyes sin justicia, un país donde hay muchas leyes y en el que sí puedes tener acceso a la justicia, pero ese acceso no es igualitario”, afirma Daniel Zapico, coordinador de Amnistía Internacional México, que publicará un informe similar al de HRW en los próximos meses. La decisión de Calderón de sacar al Ejército a las calles tomada aumentó las denuncias de torturas y asesinatos sumarios cometidos por las fuerzas de seguridad. ¿Cuál fue la reacción del Gobierno de Calderón? “El discurso oficial afirmaba que todas las víctimas de la violencia estatal eran narcotraficantes o colaboradores del crimen organizado”, apunta el coordinador de Amnistía Internacional.
Esa criminalización de las víctimas civiles de la violencia estatal no es nueva. Viene siendo denunciada desde hace tiempo por asociaciones civiles como el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad del poeta Javier Sicilia, así como por académicos como Günther Maihold, del prestigioso Colegio de México. Para Maihold, “el movimiento encabezado por Sicilia intenta dignificar a las víctimas consideradas en el discurso oficial como bajas colaterales, que las autoridades niegan al señalar que la guerra del narco solamente está implicando muertes entre los integrantes de los grupos criminales. Esta implícita criminalización de las víctimas civiles es la que ha impulsado a los familiares a movilizarse en contra de una comunicación oficial de la violencia que no respeta la integridad de las personas.”
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